Violencia de Género y la Administración de JusticiaDescargar

Ejecución: Facultades de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Diego Portales y el aporte del Servicio Nacional de la Mujer para su publicación

 

Prólogo
 
Introducción
 
Primera Parte: El Estado del Arte
 
Capítulo I: Marco Teórico 
 
Capítulo II: Marco Normativo en Violencia Intrafamiliar
 
Capítulo III: El fenómeno de la violencia y su impacto en el sistema judicial
 
Segunda Parte: Los resultados del Estudio
 
Capítulo IV: Las partes del conflicto de la violencia intrafamiliar
 
Capítulo V: Tipo de violencia en los casos analizados
 
Capítulo VI: Ruta de los casos, como ingresan al sistema judicial
 
Capítulo VII: Protección a las víctimas de violencia intrafamiliar
 
Capítulo VIII: Salidas alternativas en materia de violencia, condiciones aplicadas
 
Capítulo IX: Temas conexos en el tratamiento de la violencia intrafamiliar
 
Capítulo X: Tiempos de tramitación de las causas de violencia intrafamiliar
 
Conclusiones
 
Bibliografía
 
Anexos

Objetivos

 

Objetivo General es indagar y analizar críticamente el tratamiento que se les da a los casos de violencia de género en el sistema de administración de justicia, particularmente los casos bajo la Ley 20.066 y los homicidios/parricidios en el marco de violencia contra la mujer.

Metodología

 

La metodología de la investigación se basa en una investigación documental con una metodología cuantitativa que permitiera medir algunos indicadores y a su vez se recolectó
información estadística que permitiera levantar y sistematizar información dura sobre el número de casos sobre violencia intrafamiliar que registran cada una de las instituciones.
Para ello, contamos con la base de datos proporcionada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial que entregó información entre los años 1998 y el primer semestre de 2008. A su vez, el Ministerio Público entregó información estadística que comprende los casos desde 2006, la que fue complementada con la información publicada en los Anuarios Estadísticos de la Institución. Se incorporó además la información que registran otras instituciones como la División de Seguridad del Ministerio del Interior que recopila y sistematiza las denuncias que reciben las policías por violencia intrafamiliar.

Resultados

 

Este estudio ha tenido como objetivo indagar y analizar críticamente el tratamiento que se da a los casos de violencia de género en el sistema de administración de justicia, particularmente la violencia doméstica a la luz de la Ley 20.066.  En segundo lugar, hay algunas categorías que no se encuentran presentes en los sistemas de recolección de datos, particularmente, en el caso de las formas de término en sede familiar.
 
Allí no se contempla una categoría destinada a registrar las suspensiones condicionales de la dictación de la sentencia, de modo que no es posible saber a ciencia cierta el impacto que esta salida tiene en el sistema. Sólo el Registro Civil cuenta con información detallada, la que muestra que la suspensión de la dictación de la sentencia supera el número de condenas por actos de violencia. Sin embargo, esta información debe ser tomada con cautela porque no se condice con el total de sentencias registradas en el sistema judicial. Esto podría ser explicado por la decisión de los tribunales de no remitir la información al Registro Civil para evitar que el ofensor “tenga sus papeles manchados”. Por otro lado, incluso desde la vigencia de la Ley 20.066, existen dificultades con el registro y recopilación de datos debido a que no muestra la relación víctima-victimario, sus edades, y sexo. Ello no permite que las autoridades que procesan casos o deban formular políticas de prevención, rehabilitación o represión puedan dimensionar cabalmente la magnitud y alcance del fenómeno, más allá de decir que las mujeres son las principales afectadas. Si revisamos las estadísticas tanto del Ministerio Público como de la CAPJ, ninguna contempla la variable de sexo y edad de las víctimas, elemento crucial para entender este fenómeno.
 
Es evidente a la luz de los resultados que este es un ámbito abandonado de la gestión y las políticas públicas de justicia, que por cierto trasciende los asuntos de violencia doméstica. Consideramos indispensable el mejoramiento de los sistemas de registros y una mayor coordinación interinstitucional en esta materia.la luz de los resultados obtenidos, constatamos que los casos ingresan al sistema judicial como problemas y violencia familiares. Sin embargo, sostenemos que la denominación de violencia intrafamiliar no permite relevar que éste sea la unidireccionalidad del fenómeno: hombres que maltratan a sus parejas o a otros miembros del entorno familiar. Siguiendo a
Amorós, las denominaciones tienen altos componentes políticos, y dar nombre a aquello que es específico puede mantener en el imaginario colectivo la familia violentada, cuando en verdad, lo que se aprecia es la violencia que se naturalizó en contra de las mujeres por
parte de los varones.
Resulta evidente que, por regla general, la violencia ejercida hacia las mujeres, se relaciona directamente con la discriminación por razones de género, toda vez que los datos señalan que quienes sufren en su mayoría de este ilícito, son y han sido personas del sexo femenino.
Con ello no descartamos el uso de violencia en contra de niños y ancianos. En relación a los primeros nos atrevemos a sostener que existe una cifra negra, pues éstos no están en condiciones de ejercer sus derechos y denunciar la violencia de que son objeto. Ellos requieren la intervención de otros adultos, la mayor parte de las veces, como pudimos comprobar, para que sus relatos de violencia fueran conocidos por la justicia.
No es posible conocer a cabalidad la incidencia de la violencia en Chile. Los datos tienen más de una década y muestran algunas diferencias regionales. El número de denuncias desde que existe un tratamiento legal específico ha aumentado paulatinamente, pero a nuestro juicio, ello es causa del conocimiento que las personas tienen de sus derechos y no necesariamen en mayores índices de violencia.
 
A través de la realización de esta investigación, buscamos constatar si los cambios legislativos mejorado o no la calidad de la respuesta judicial. En este sentido, era nuestro interés conocer las diferencias de tratamiento en sede familiar y penal, con especial énfasis en las formas de término de las causas a través de salidas alternativas al proceso.
Subyacen a este trabajo dos grandes hipótesis. Por una parte, que el cambio de tratamiento legal con la Ley 20.066 en el ámbito de la justicia familiar mantendría las tendencias observadas bajo la Ley 19.325, esto es, un alto porcentaje de causas terminadas por avenimientos y, por otra, que las condiciones de las salidas alternativas impuestas en ambas sedes (familiar y penal) no diferirían sustancialmente.
 
A partir de los resultados obtenidos surgen varias ideas que planteamos en este acápite, algunas de ellas a modo de hipótesis sujetas al debate de expertos y operadores y otras en un tono más concluyente producto de los hallazgos encontrados.